Manifiesto de expertos por una estructura administrativa del agua en Andalucía más austera y respetuosa con la Unidad de Cuenca

Martes, 29 de Junio 2010


Ingenieros de caminos, agrónomos, técnicos agrícolas e industriales, expertos en la gestión hídrica y regantes se unieron para pedir al Parlamento andaluz que aproveche el proceso de modificación parlamentaria de la Ley de Aguas con el fin de consolidar y reforzar la aplicación del Principio de Unidad de Cuenca a la política de Aguas en Andalucía y de dotar a ésta de un marco administrativo más racional y austero.

Lo hicieron promoviendo un Manifiesto por la Unidad de Cuenca, la Racionalidad Administrativa y la Austeridad en la Gestión del Agua en Andalucía, al que se adhirieron las siguientes instituciones y entidades: Foro del Agua, Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, Fenacore (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España), Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Feragua, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería.
Manifiesto de expertos por una estructura administrativa del agua en Andalucía más austera y respetuosa con la Unidad de Cuenca

En rueda de prensa celebrada con carácter previo a la jornada de la Ronda del Agua celebrada en Sevilla, el presidente del Foro del Agua, José María Fluxá, el vicepresidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE), Tomás A. Sancho, y la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, dieron a conocer el contenido de este Manifiesto, que contiene los siguientes puntos:

1.- El principio de Unidad de Cuenca es una destacada aportación histórica española a la gestión hidráulica en todo el mundo, que data de 1926, y que hoy está consolidado por la vigente Directiva Marco de Aguas como modelo de referencia para todo el ámbito comunitario. Este principio promueve que la gestión de las aguas se enmarque en las fronteras naturales de las cuencas, más que en fronteras administrativas o políticas, y desde criterios comunes para todo el ámbito territorial de cada Cuenca, acordados con la participación de los propios usuarios.

2. El modelo de gestión hidráulica basado en el principio de la Unidad de Cuenca ha proporcionado un marco de gestión razonable, que ha favorecido la implicación de los usuarios en la gestión hídrica y sobre todo ha evitado las tensiones entre territorios distintos de una misma Cuenca, al garantizar que los intereses generales prevalecen sobre los particulares.

3. La modificación de la estructura organizativa de la Agencia Andaluza del Agua, pasando las actuales direcciones provinciales a direcciones de cuencas, sería de gran trascendencia para garantizar la aplicación del principio de unidad de cuenca, y por consiguiente lograr una gestión de las aguas más sostenible y racional, salvaguardada de la controversia política, y en la que los intereses generales prevalezcan sobre los territoriales.

4. La creación de una nueva estructura administrativa del agua en Andalucía, adaptada al principio de unidad de cuenca permitiría adelgazar la estructura directiva de la administración andaluza, recortando el gasto público y permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos, de acuerdo con las políticas que ya están desarrollando los gobiernos europeos, español y autonómicos.

5. La incorporación del Principio de Unidad de Cuenca a la nueva Ley de Aguas de Andalucía favorece la gestión pacífica y ordenada del agua en los distintos territorios de las Comunidades Autónomas afectadas por la Cuenca del Guadalquivir. De hecho, la aplicación de dicho principio, ha posibilitado que la demanda hídrica de la comarca de Puertollano en Castilla-La Mancha tenga su origen en Andalucía, o que gran parte de los recursos hídricos del abastecimiento urbano de Sevilla procedan de la provincia vecina de Huelva, o que los recursos del regadío de la regulación general del Guadalquivir procedan del territorio de Castilla-La Mancha y de las provincias andaluzas del Alto y Medio Guadalquivir, garantizando el cumplimiento de los principios fundamentales de solidaridad y cohesión territorial de nuestra Carta Magna.



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