Las comunidades de regantes no están sometidas en su contratación a las obligaciones de la administración pública

Jueves, 10 de Mayo 2018




Las comunidades de regantes no están sometidas en su contratación a las obligaciones de la administración pública
La letrada de Feragua, Ana Loaiza, defenderá una enmienda a la primera ponencia del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, la referida a la aplicación de nuevas normas a las Comunidades de Regantes. En dicha enmienda, que está disponible para su descarga en la página web del Congreso, se esbozan argumentos para sostener que las comunidades de regantes, en principio, no cumplen los requisitos para ser poder adjudicador y, por tanto, no tendrían que contratar siguiendo las prescripciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) -sin perjuicio de lo previsto para los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada-. Dicho de otra forma, las comunidades de regantes no están sometidas en su contratación a las obligaciones de la administración pública.

Como bien es conocido en el sector, las comunidades de regantes son corporaciones de Derecho público y además de atender a los intereses privados de sus comuneros, satisfacen un interés general, en tanto que tienen atribuidas por la normativa sectorial funciones de policía, distribución y administración de las aguas que tengan concedidas por la Administración. En el ejercicio de esa función pública están investidas de ciertas potestades y sometidas a cierta tutela del Organismo de cuenca. Pero esa tutela no se traduce en el control de la gestión que exige la Directiva comunitaria de contratación para considerarlas organismos públicos y, por ende, poder adjudicador.

La actividad de las comunidades de regantes no está financiada mayoritariamente por la Administración pública, ni ésta nombra a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, dirección o vigilancia. Tampoco los recursos de alzada que pueden interponerse contra los acuerdos de la Junta General o la Junta de Gobierno (controles de legalidad) pueden considerarse un mecanismo de control de la gestión de las comunidades de regantes. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido que un mero control a posteriori no se ajusta al requisito de control de la gestión, porque tal control debe originar una dependencia que permita a los poderes públicos influir en las decisiones en materia de contratos.




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