La Junta de Andalucía liquida la Agencia Andaluza del Agua cinco años después de crearla

Miércoles, 14 de Julio 2010




La Junta de Andalucía liquida la Agencia Andaluza del Agua cinco años después de crearla
Cinco años después crearla, la Junta de Andalucía ha decidido liquidar la Agencia Andaluza del Agua, cuyas competencias pasarán a una Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y a una agencia de nueva creación que integrará también a Egmasa. De nuevo una estructura bicéfala planea en la gestión del agua en Andalucía. La justificación de esta medida –que ha exigido una rectificación a última hora de más de un ciento de artículos de la Ley de Aguas a través de las enmiendas del grupo socialista- es que con ella se ahorrará dinero y se contribuirá a una administración más eficaz. Pero no sabemos de dónde saldrá ese ahorro, cuando la fusión de Egmasa y de la Agencia Andaluza del Agua no significará, que sepamos, ninguna reducción de tipo laboral.

Más bien, sospechamos que a corto plazo significará algunos costes derivados de cambios en la identidad corporativa, inversiones en equipos y mobiliario, etc., amén de un problema de integración laboral importante. Lo que nos tememos es que lo que realmente planea la administración andaluza con una operación de esta índole es aumentar su capacidad recaudatoria. Y ese es un tema que nos quita verdaderamente el sueño desde que vimos las intenciones de la Junta de Andalucía, porque, al quedar diluidas las competencias sobre el agua dentro de las más genéricas de medio ambiente, siempre puede existir una tentación mayor de imputar a los usuarios algo más que los de costes relacionados con las obras hidráulicas de las que se benefician. Esperemos que no sea así, y estaremos atentos para que esta reforma de la estructura de la administración hidráulica no signifique para los regantes un aumento de la presión tributaria.

Por lo demás, esta reforma rompe uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que establecía la conveniencia de que los asuntos del agua fueran gestionados por un organismo específicamente competente en estos asuntos. Pero la memoria es frágil (por otro lado, hace ya tanto tiempo de aquel Acuerdo, pergeñado por el dimitido Jaime Palop) y aquí nadie lo ha recordado, salvo nosotros claro, que también suscribimos aquel Acuerdo. Un Acuerdo, por cierto, que también se refería de forma específica al principio de unidad de cuenca, ese principio milagrosamente recuperado por la Ley gracias a una votación errónea en el Parlamento, pero que las enmiendas del grupo socialista también se han encargado de suprimir, algo que nos avisa sobre las intenciones de la reorganización de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía. Es cierto que, con la desaparición de la Agencia, desaparecen también los directores provinciales, pero las competencias serán asumidas por los delegados provinciales, por lo que no pensamos que el riesgo de territorialización y politización de la gestión del agua, que hemos venido denunciando desde la creación de la Agencia, vaya a desaparecer con el nuevo esquema, más bien, se confirma y quizás se acrecienta.

Es probable que ni la Consejería de Medio Ambiente, ni desde luego, en la propia Agencia Andaluza del Agua, estén los autores intelectuales de esta reforma, y que los cambios procedan de Hacienda, como se dice. Pero, para nosotros, no es ninguna excusa. Ellos son nuestros interlocutores, y lo que hemos recibido de ellos hasta el momento es opacidad y propaganda engañosa. Ni hemos sido informados, ni recibidos, ni escuchados, ni nadie nos ha dado vela en este entierro. El de la Agencia, por supuesto.

Aspectos positivos

Como todo no puede ser negativo, algunos aspectos de las enmiendas introducidas por el grupo socialista a la Ley de Aguas –que se aprobarán la próxima semana- sí podemos considerarlos favorables y responden precisamente a peticiones nuestras. Concretamente dos: el primero pasa por las modificaciones introducidas en el régimen sancionador, que se armonizan con la normativa estatal en los límites de valoración de daños al dominio público hidráulico para la calificación de las infracciones como leves, graves o muy graves; el segundo consiste en que parte del ahorro procedente de la modernización de regadíos podrá destinarse al usuario titular de la modernización.




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