
Finalmente, Feragua ha decidido recurrir la encomienda de gestión sobre el Guadalquivir otorgada por el Gobierno central a la Junta de Andalucía, por considerarla un fraude de ley y una maniobra política dilatoria ante la sentencia del Tribunal Constitucional, que exige claramente la devolución de las competencias de gestión del Guadalquivir al Estado.
Feragua ha recibido de los primeros representantes de las administraciones hidráulicas implicadas, tanto de Joaquín Castillo por parte de la administración central, como de Juan Paniagua por parte de la administración andaluza, la promesa de que en estos seis meses “se va a dar una solución definitiva para el Guadalquivir”. O dicho de otra forma, que la situación de provisionalidad no se va a prorrogar.
Pero por si acaso, y con el fin de influir para que efectivamente así sea, y sobre todo con el fin de presionar que esa solución definitiva no sea otra que la que marca la sentencia, es decir, la vuelta a la situación anterior, hemos decidido que lo más conveniente y oportuno es plantear este frente jurídico en los tribunales, por si llegara a ser el único medio de defender el reestablecimiento de la legalidad.
Feragua ha recibido de los primeros representantes de las administraciones hidráulicas implicadas, tanto de Joaquín Castillo por parte de la administración central, como de Juan Paniagua por parte de la administración andaluza, la promesa de que en estos seis meses “se va a dar una solución definitiva para el Guadalquivir”. O dicho de otra forma, que la situación de provisionalidad no se va a prorrogar.
Pero por si acaso, y con el fin de influir para que efectivamente así sea, y sobre todo con el fin de presionar que esa solución definitiva no sea otra que la que marca la sentencia, es decir, la vuelta a la situación anterior, hemos decidido que lo más conveniente y oportuno es plantear este frente jurídico en los tribunales, por si llegara a ser el único medio de defender el reestablecimiento de la legalidad.