Feragua exige a las administraciones que no cedan a las presiones del lobby empresarial interesado en el desarrollo urbanístico del Puerto de Sevilla

Miércoles, 16 de Mayo 2012




Feragua exige a las administraciones que no cedan a las presiones del lobby empresarial interesado en el desarrollo urbanístico del Puerto de Sevilla
Tras informar personalmente al ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, y al presidente de la Confederación, Manuel Romero, la presidenta de Feragua, pedirá una reunión urgente con el nuevo consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, al que le solicitará que actúe defendiendo los intereses generales, libre de las presiones de empresarios y sindicatos. Como ya ha explicado a los representantes de la administración hidráulica central, Margarita Bustamante, expondrá al titular de las competencias andaluzas de agricultura y medio ambiente los enormes riesgos que representa una ejecución precipitada del dragado.

En sus conversaciones con dirigentes y otros agentes empresariales y sindicales de la sociedad andaluza y sevillana, los representantes de Feragua han advertido asimismo que una ejecución atropellada de este proyecto, en contra de todos los dictámenes técnicos, se toparía de bruces con una movilización masiva de agricultores y otros sectores afectados.

“No vamos a quedarnos cruzados y no vamos a consentir que los intereses económicos de unos pocos se impongan a los de la mayoría y marquen la agenda de los gobiernos”, comenta la presidenta de Feragua, que espera que de la próxima reunión del Comité de Autoridades Competentes lo único que salga es una agenda concreta de plazos e inversiones para solucionar los problemas que tiene el estuario.

Feragua les ha informado asimismo que denunciarán la obra ante la Unión Europea si finalmente se inicia sin las debidas garantías, con el objetivo de informar a las autoridades comunitarias de sus perniciosos efectos sobre Doñana, sobre las márgenes del estuario y sobre el regadío del Guadalquivir. Finalmente, ha subrayado que exigirán que el inicio de las obras vaya acompañado de un aval que cubra los posibles daños medioambientales sobre Doñana y económicos sobre la actividad del regadío de toda la Cuenca.




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