Cada vez más dudas sobre la constitucionalidad de la transferencia de las competencias del Guadalquivir

Martes, 21 de Septiembre 2010


Cada vez más dudas sobre la constitucionalidad de la transferencia de las competencias del Guadalquivir
En el Gobierno andaluz empiezan a estar cada vez más nerviosos con una posible sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la transferencia de competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Y no es para menos. Porque la ponencia sobre la que ahora mismo trabajan los magistrados del Alto Tribunal –ponencia que ha sido elaborada por el magistrado Javier Delgado, - precisamente llega a esta conclusión y considera el artículo 51 del Estatuto de Andalucía –el de las competencias exclusivas de la Junta sobre el Guadalquivir- contrario a la Carta Magna.

Habrá que ver ahora si el punto de vista de Delgado –magistrado “adscrito” al sector conservador que ya se pronunció abiertamente en contra del Estatut de Cataluña, distanciándose del punto de vista mayoritario de sus colegas- es compartido con el resto de magistrados, y qué clase de sentencia es finalmente sale del Tribunal Constitucional, y si es café, café con leche o directamente descafeinado. Para la Junta de Andalucía, en cualquier caso, se trata de un nuevo frente que añadir a la “gresca laboral” montada en torno la improvisada reorganización de la administración hidráulica competente sobre las cuencas andaluzas.

Desde Fenacore se ha venido insistiendo de forma reiterada que la transferencia del Guadalquivir es inconstitucional y lesiona además el principio de unidad de cuenca y por tanto uno de los ejes fundamentales de la Directiva Marco de Aguas. Esa fue precisamente unas de las conclusiones principales del último Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, y a la que desde luego se adhirió Feragua, que, más allá de las dudas jurídicas de esta transferencia, ha tenido la posibilidad de comprobar sus pésimas consecuencias prácticas para la gestión del agua en Andalucía: más ineficiencia, más gasto, más duplicidad y más contaminación política en la gestión.

Un ente nacional de coordinación de los ríos

Las dudas creadas por los últimos procesos de transferencia son tales, que hasta el propio PSOE ha decidido mover ficha en este asunto. Así, el partido del Gobierno ha reclamado la creación de un ente gestor global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas y sus interdependencias. La propuesta, aunque parece querer poner un poco de orden en todo el caos creado por este Gobierno, sin embargo no va en la dirección que a nosotros nos parece adecuada. Lejos de quitar poder a las confederaciones, entendemos que hay que fortalecerlas para que se realice una adecuada y eficiente gestión por demarcaciones.



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