UNA LEY VITAL PARA EL REGADÍO ANDALUZ



La Ley de Aguas de Andalucía es un texto de vital importancia para el regadío y lo es también de forma general para el desarrollo sostenible de Andalucía. De ahí la conveniencia –e incluso la necesidad- de que el Gobierno andaluz trate de buscar el mayor respaldo y consenso posible en torno a este nuevo texto legal, de acuerdo con los principios y propósitos inspiradores del Acuerdo Andaluz por el Agua, que le han servido de impulso e inspiración.

Desde el primer borrador de la norma que conocimos hasta el último que hemos trabajado, han sido muchos los cambios efectuados, y muchos, por lo que se refiere al regadío, bastante positivos, de modo que si al principio nos encontrábamos con una Ley que nos hacía desconfiar y que mirábamos incluso con abierto recelo –compartido por cierto por numerosos expertos, catedráticos de derecho administrativo y organismos independientes- hoy debemos valorar que tenemos un texto más meditado, menos confuso y con mejor encaje en el ordenamiento jurídico, amén de menos lesivo con los intereses del regadío.

Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que siguen abiertas y que nos siguen causando verdadera inquietud, y en las que pedimos por tanto un nuevo esfuerzo a la administración con el fin de encontrar soluciones que puedan ser asumidas y compartidas por todos. En este sentido, lo primero que nos preocupa es la regulación tributaria de la nueva Ley, que, en su redacción actual, da pie a lo que técnicamente se denomina doble repercusión, es decir, a que se cargue impositivamente el mismo concepto dos veces, algo que es ilegal. Según las últimas noticias que hemos tenido, el Gobierno andaluz parece dispuesto a cambiar la definición del hecho imposible del canon de servicios generales (artículos 99, 100 y 101), de modo que desaparezcan los conceptos de “conservación y explotación” que ya están gravados por el canon de regulación. Sin embargo, nos sigue preocupando esa alusión a gastos “indirectos”, de naturaleza imprecisa, la cual puede ser una espita abierta para que la administración cargue las tintas de la recaudación según sus intereses o necesidades. En la situación actual, de crisis generalizada, caída de precios, subida de los costes eléctricos y años pasados de sequía, el regadío no se puede permitir una subida de impuestos, ni tampoco una situación de indefinición que la permita al arbitrio de lo que decidan en cada momento los gestores públicos de la política de aguas.

Otro aspecto en el que vamos a insistir es la conveniencia de que la nueva Ley recoja de forma específica el principio de unidad de cuenca, de acuerdo además con los postulados de la Directiva Marco de Aguas y la propia Ley de Aguas estatal. La gestión por cuencas es una gran aportación histórica del regadío español que la nueva norma andaluza no debe sacrificar amparándose en un impreciso concepto de unidad de gestión que parece referirse al ámbito geográfico regional y/o provincial, más que al de cuenca. Nos preocupa la desaparición del concepto de cuenca y nos preocupa también la reglamentación posterior que pueda realizarse de la organización de la Agencia Andaluza del Agua. Si las direcciones provinciales sirven para descentralizar el servicio acercándolo a los usuarios, bienvenida sea. Si se va a traducir en politización de la gestión hidráulica, nos parece un error. Máxime en los momentos que corren, lo que debe hacer la administración es reducir costes e invertir en tecnología y mejora de la eficiencia, no abultar el gasto público con nuevos cargos políticos.

Igualmente, estamos a favor de que se abra la participación en la gestión hidráulica a los usuarios sin concesión, pero opinamos que esta “apertura” no debería hacerse en detrimento de los usuarios con concesión, que son los que pueden aportar mayor experiencia y los más directamente comprometidos e implicados en la gestión del agua. Pensamos que el lugar para que la voz de estos usuarios sea atentamente escuchada son los órganos de participación social, y no los órganos de gestión, salvo que fuera la administración la que renunciara a sus puestos de representación en éstos para dar cabida a estos colectivos, un supuesto que nos parece improbable y que evidencia que lo que se vende como “democratizar” quizá quiera decir todo lo contrario, eliminar contrapesos para acaparar más poder.

Por último, y al objeto de facilitar la viabilidad institucional de todas las Comunidades de regantes que sean vean afectadas por procesos expropiatorios o de “baja” de comuneros por desarrollos urbanos o industriales, pensamos que la nueva Ley debería permitir la compensación de la superficie regable no sólo con regadíos ya existentes y cercanos sino también con otros predios rústicos cercanos, con independencia de que dichos predios con anterioridad fueran de regadío o de secano,

Estas son las diferencias fundamentales que mantenemos con el texto actual del Proyecto Ley de Aguas de Andalucía. Esperamos que estas diferencias puedan ser salvadas durante el trámite parlamentario o al menos que se produzca un acercamiento importante, de modo que la norma nazca con el mayor consenso posible también por parte del regadío.

Viernes, 14 de Mayo 2010





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