UNA LEY CONTRA LA COMPETITIVIDAD



El regadío es un sector de gran importancia económica y social para Andalucía. La agricultura de riego andaluza, que ocupa únicamente el 25% de la superficie cultivada, produce sin embargo el 60% de la producción final agraria y genera un 60% del empleo agrícola. Asimismo, el regadío es el principal responsable de que la balanza comercial de la región sea positiva, produce el 3,8% del PIB del conjunto de Andalucía y da empleo al 8% de la mano de obra ocupada. El complejo agroindustrial es el primer subsector industrial de Andalucía.

Desde el regadío andaluz esperábamos con gran ilusión la Ley de Aguas de Andalucía, y confiábamos en que la nueva norma, además de poner orden y sentar unas sólidas bases jurídicas a la política hidráulica en nuestra Comunidad, debía servir para ampliar y potenciar las posibilidades de crecimiento y desarrollo sostenible de este sector, creando un marco de estabilidad, confianza y garantía que sirviera de estímulo para todos los agentes que operan en él.

Lejos de lograrlo, lo que hace la Ley es sembrar el terreno de dudas y desconfianza, favoreciendo la desinversión y lastrando las posibilidades de desarrollo de la agroindustria andaluza.

Tan nocivos efectos se consiguen, en primer lugar con un régimen tributario falto de transparencia, que crea indefensión jurídica y que hace sospechar que servirá de respaldo legal para un aumento de la carga impositiva sobre los usuarios. La regulación del canon de servicios generales, que alude a gastos indirectos de naturaleza imprecisa, favorece la discrecionalidad de la administración y quizás permita abusos en el mañana, cobijando el doble pago por los mismos servicios, así como la asignación de gastos de diversa naturaleza ajenos a las obras de las que nos beneficiamos los regantes.

Por si fuera poco, a última hora, la ley ha incorporado unas multas coercitivas contra el regadío. Deben ser las primeras multas de la historia que se crean para un colectivo específico y que se agregan al marco sancionador común para todos. Las comunidades de regantes debemos ser tan perversas que merecemos un régimen sancionador extra. Curiosa forma de afrontar con naturalidad unas relaciones que en el pasado –antes de que se transfirieran las competencias desde el Estado hacia la administración andaluza- estuvieron marcadas por la normalidad y los acuerdos.

Finalmente, la Ley genera desconfianza, tranquilidad y dudas, con la regulación que hace del Banco Público de Aguas. Regulación que elimina la prioridad de los usos ya establecidos y de los caudales ecológicos, en beneficio del acceso de los no concesionarios a los recursos sobrantes de la modernización. Durante estos últimos años, la administración ha “vendido” a los regantes que tenían que hacer un esfuerzo inversor en modernización, a fin de ahorrar recursos que pudieran mejorar la garantía de agua en la cuenca. Pues bien, después de convencerlos, lo que hace ahora es promover una ley que permite que esos recursos no tengan que ser destinados prioritariamente a mejorar la garantía de agua y a preservar los caudales ecológicos. No, a través del Banco Público de Aguas, la administración podrá coger esos recursos y dárselos a nuevos concesionarios, aunque los usuarios con concesión no tengan garantizados sus recursos hídricos. La consecuencia de eso no sólo será una mayor sobreexplotación de la cuenca y una mayor insostenibilidad ambiental. El resultado será también, lamentablemente, una mayor insostenibilidad económica, pues nadie se atreverá a acometer nuevas inversiones mientras la rentabilidad de sus explotaciones esté constantemente amenazada por la falta de garantía de agua.

Por todo ello, la nueva norma, que es insostenible y antiecológica, que es abusiva e intervencionista en las atribuciones que concede a la administración, es sobre todo un dardo a la competitividad y a las posibilidades de crecimiento de un sector que podría tener un papel destacadísimo para el desarrollo sostenible andaluz y que sin embargo algunos parecen empeñados en querer arruinar.

Confiamos en que el nuevo consejero de Medio Ambiente, un hombre del que nos consta
su altura intelectual y sensibilidad ambiental, ayude a rectificar los errores de bulto que ahora mismo hacen esta ley en un ariete contra el desarrollo sostenible de Andalucía. Aún hay tiempo para rectificar y lograr una norma de mayor consenso y más fiel al espíritu que inspiró el gran Acuerdo Andaluz por el Agua firmado por la Junta de Andalucía con la mayor parte de agentes económicos y sociales.

Pedro Parias
Secretario general de Feragua


Viernes, 28 de Mayo 2010





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