Soporte constitucional de los jurados de riego

Miércoles, 15 de Julio 2015


El respeto a los Jurados de Riego como “tribunales consuetudinarios y tradicionales” deriva del art. 125 de la Constitución, lo que ha comportado su inclusión en el art. 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma expresa, del Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 113/2004, de 12 de julio, dada en el recurso 5833/2001, tiene declarado, en el penúltimo párrafo del F.D. 9º: "La Constitución, al reconocer los Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ha asumido también sus notas singulares. De hecho, resultaría paradójico que, una vez reconocidos constitucionalmente los Tribunales consuetudinarios debieran no obstante resolver abandonando los usos y costumbres que históricamente han observado, para hacerlo en la misma forma a como lo hacen hoy los Jueces y Tribunales profesionales.- Pues, si así fuera, los Tribunales consuetudinarios no serían ya entonces reconocibles en la imagen tradicional de esta institución, esto es, en la imagen que de la misma tiene la conciencia social y que tuvo ante sí el constituyente; imagen que, conforme tempranamente advirtiera ya este Tribunal en la STC 32/1981, de 28 de julio, y, más recientemente, hemos reiterado en la STC 16/2003, de 30 de enero, no puede ser ignorada ahora, so pena de desnaturalizar la institución misma".

A tenor de la Legislación de Aguas vigente, al Jurado corresponde conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la Comunidad en el ámbito de las Ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como, fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción.

Ese respeto a la concepción y funcionamiento tradicional de los Jurados de Riego permite su integración por hombres legos en Derecho, que se limitan a conocer y resolver cuestiones de hecho, infracciones definidas en las Ordenanzas o Estatutos de las Comunidades de Regantes e indemnizaciones de daños y perjuicios causados “a su leal saber y entender”, apoyándose en las reglas y, en especial, presunciones contenidas en las citadas normas autónomas, en cuanto son aprobadas por los propios miembros que integran la Comunidad, sin perjuicio de su homologación administrativa.-

Cabe traer a colación la reciente Sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº13 de Sevilla de fecha 9 de abril del año en curso –en autos en que intervino este Bufete-, que confirmó el Acuerdo del Jurado de Riego y se condenó al propietario y arrendatario al abono del importe de la multa impuesta.- Su Fundamento de Derecho Tercero, dice literalmente que: “En la revisión jurisdiccional de estas actuaciones, tras la práctica de la prueba en la vista, no se ha acreditado que el Jurado de Riegos, tribunal consuetudinario formado por hombres legos en derecho, que resuelven las cuestiones que se le someten y sancionan las infracciones definidas en las Ordenanzas, según su leal saber y entender, hayan vulnerado los derechos invocados en la demanda” ( entre otros, la presunción de inocencia y a la legalidad).

Sin perjuicio de lo expuesto, se ha de precisar que en el artículo 24 de nuestra Constitución se incardina el principio de presunción de inocencia que obliga a motivar suficientemente los Acuerdos del Jurado de Riego. Es decir, es necesario incorporar al procedimiento el resultado de una actividad probatoria, razonablemente suficiente, en el sentido de que de él pueda deducirse tanto la realidad del hecho infractor como la culpabilidad de la persona a quien le es imputado.

La motivación de los Acuerdos de los Jurados de Riego es necesaria para que los sancionados conozcan la actuación o camino lógico que lleva al propio Jurado de Riego a imponer la sanción de multa por la comisión de la infracción cometida, so pena de vulnerar el referido art. 24 de la Constitución.

De tal forma, a pesar de que el procedimiento ante el Jurado es verbal, breve y sumario se garantizan los principios de audiencia, contradicción y prueba, que permiten a las partes obtener una decisión en cuanto al fondo, sobre las pretensiones deducidas, con satisfacción al derecho fundamental a la presunción de inocencia





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