Potestad de autonormación de las Comunidades de Regantes a través de sus Estatutos u Ordenanzas

Viernes, 5 de Febrero 2016


Desde la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879 (art. 231) hasta la actualidad, como puede comprobarse mediante la lectura del art. 81.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, el legislador prohíbe que la Administración Estatal pueda denegar la aprobación de las Ordenanzas o Estatutos de las Comunidades de Regantes, o introducir variantes en ellos, sin dictamen del Consejo de Estado. Ello comporta, a nuestro juicio, que el control administrativo, legalmente establecido en la materia, sea un control de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Así resplandece del art. 1.2 de la Ley Orgánica 3/80 de 22 de abril, del Consejo de Estado, en cuanto le atribuye “la función consultiva con autonomía orgánica funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes”. Las Comunidades de Regantes tienen potestad de autonormación, es decir, los miembros de la misma reunidos en Junta General deciden las normas por las que se quieren regir; ajustadas a la Legislación vigente.-

De tal forma que las Ordenanzas las redactan y aprueban los propios usuarios y deberán ser sometidas a su homologación administrativa por el Organismo de Cuenca. Sin embargo, las relaciones de las Comunidades de Regantes con las Confederaciones Hidrográficas en materia de modificación de Ordenanzas no se desenvuelve, en general, en los términos antes expuestos. Hay casos de Confederaciones Hidrográficas que parecen no entender que “salvo que exista ilegalidad, no proceden modificaciones del texto de las Ordenanzas aprobado por las propias Comunidades de Regantes”, en algunos casos, incluso se han propuesto alternativas al texto, contraviniendo la potestad de autonormación de las Comunidades de Regantes y tratando informes con opiniones que consideran más acertadas desde el punto de vista del informante, pero sin que aparezca norma legal que lo exija.

Todo ello, genera conflictos y dificulta el funcionamiento de las Comunidades de Regantes al demorar la aprobación de sus Ordenanzas sine die. En tanto, se den los conflictos apuntados, sugerimos a las Comunidades de Regantes reducir la modificación de sus Estatutos u Ordenanzas a lo estrictamente indispensable, poniendo especial énfasis en convencer a los interlocutores de las Confederaciones Hidrográficas para que se ciñan estrictamente al control de legalidad, no invadiendo la potestad de autonormación de aquéllas, cuando se refiera a materias ajenas a las delegadas, esto es, competencias en materia de distribución de las aguas públicas y al ejercicio de potestades administrativas.

A la vista de la potestad organizativa y normativa de las Comunidades de Regantes a través de las Ordenanzas o Estatutos, no cabe sino concluir que si no existe ilegalidad, el texto aprobado por la Comunidad de Regantes debe ser homologado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir so pena de que su criterio venga respaldado por el Consejo de Estado, por motivos de legalidad y no de conveniencia y oportunidad.

En cualquier caso, siempre es deseable lograr la mutua colaboración y cooperación a que los Organismos de Cuenca y las Comunidades de Regantes se encuentran obligadas respectivamente, conforme al art. 3.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Por último, queremos recordar que el plazo de caducidad del procedimiento de homologación de los Estatutos u Ordenanzas habilitan a las Comunidades de Regantes a acudir a la vía jurisdiccional.



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