POR UNA LEY DE AGUAS DE AMPLIO CONSENSO



Huelga subrayar la importancia de la Ley de Aguas de Andalucía para el futuro del regadío. De ahí que Feragua haya seguido de forma tan atenta su proceso de elaboración, incluso organizando una Jornada sobre su anteproyecto en junio pasado con la participación de prestigiosos profesionales del derecho administrativo que analizaron dicho texto, y finamente haya comparecido recientemente en el Parlamento con el fin de poder influir en su definición final. En su redacción actual, la nueva norma es un texto más aceptable para el regadío, pero tiene importantes flecos abiertos y puntos de colisión en los que sería deseable que la administración acercara posturas con los usuarios regantes.

El punto de colisión más grave es el que se refiere a la regulación tributaria de la nueva Ley. Nos ha llegado información de que el Gobierno andaluz se está planteando cambiar la definición del hecho imposible del canon de servicios generales, tal y como exigíamos, de modo que se evite la “doble repercusión” que enmascara el texto actual. Sin embargo, creemos que la reforma del articulado deberá ser más profunda, eliminando la referencia imprecisa a los “gastos indirectos”, pues ello esconde un claro afán recaudatorio de la administración, que podría repercutir a los usuarios gastos de diversa índole (medioambientales, culturales, políticos) que nada tienen que ver con el beneficio que generan las obras hidráulicas o con los servicios que presta la administración hidráulica para gestionar las mismas.

En segundo lugar, nos distancia de la nueva Ley la baja participación que se concede a los usuarios concesionarios de regadío en los órganos decisorios y gestión. Creemos que esa regulación es contraria al ordenamiento jurídico estatal, pues la Ley de Aguas marca que debemos estar representados con al menos un tercio de los puestos en todos los órganos colegiados de la administración hidráulica. Bien está que se conceda voz a otros usuarios como consumidores, sindicatos, asociaciones de vecinos, ecologistas, sindicatos o patronal. Estamos de acuerdo con ello en los órganos de consulta y asesoramiento, pero no a costa de quitarles participación en los órganos de gestión a los concesionarios que administran junto a la administración hidráulica los recursos. Porque eso no es democratizar la gestión del agua. Eso es más bien permitir que la administración acapare más poder eliminado sus contrapesos reales y hacer más compleja la gestión del recurso.

Hay otras reformas menores (régimen disciplinario, sustitución de pozos privados, perímetros zonas regables) que también pretendemos y que confiamos en que puedan ser acometidas durante este período de trámite parlamentario, antes de la aprobación definitiva de la nueva norma. Porque ojalá la Ley de Aguas de Andalucía sea una ley de amplio consenso, con la que la mayoría de los andaluces podamos sentirnos identificados.

Margarita Bustamante Sáinz
Presidenta
FERAGUA


Viernes, 14 de Mayo 2010





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