Necesidad de alcanzar acuerdos con la Administración tendentes a una rápida aprobación de las ordenanzas de las Comunidades de Regantes

Martes, 21 de Febrero 2017


Necesidad de alcanzar acuerdos con la Administración tendentes a una rápida aprobación de las ordenanzas de las Comunidades de Regantes
En el Boletín de FERAGUA de 5 de febrero del año pasado, BUFETE DAZA-ABOGADOS, bajo el título “Potestad de autonormación de las Comunidades de Regantes, a través de sus Estatutos u Ordenanzas”, señalaba la necesidad –hoy ya, vehemente- de alcanzar acuerdos con la Administración Hidráulica (Estado/MAGRAMA/Confederaciones Hidrográficas. Junta de Andalucía/Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), para poder llevar a cabo, entre otras cosas, las obligadas adaptaciones de las Ordenanzas y Reglamentos de las Comunidades de Regantes, de nuestro ámbito territorial, a la realidad de la efectiva sustitución de su anterior sistema regable por el nuevo resultante de la ejecución de las Obras de Modernización.

La falta de acuerdos hace que las Comunidades de Regantes se muestren ineludiblemente remisas a extender las posibles modificaciones de sus textos normativos, en la consideración de que mientras más materias comprenda, en principio, más posibilidades existen de que intervenga, de forma contraria a sus deseos, la Administración Hidráulica de turno. El transcurso del tiempo ha venido a confirmar lo fundado de tales prevenciones, hasta el punto de que un expediente de modificación de Ordenanzas, en curso al tiempo de la publicación antes citada, aún está pendiente de resolución, de forma definitiva, del dictamen del Consejo de Estado, que ha resultado obligado, ante el vehemente deseo intervencionista, por supuesto contrario, de la Confederación competente. Ignoramos aún, por tanto, el posicionamiento del mencionado dictamen, pero su demora no presagia precisamente satisfacciones para los buenos deseos de las Comunidades, lo que, de entrada, está ofreciendo la triste realidad de que un expediente de modificación de Ordenanzas, que se ha de entender desestimado por el mero transcurso del plazo de seis meses, desde su solicitud a la Confederación, lleve aún sin resolver definitivamente casi tres años.

En estas fechas, en que se están considerando, las materias sobre las que deben ocuparse las Ponencias del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, a celebrar en la primavera de 2018, resulta deseable sugerir como tal una “Revisión de las Conclusiones de los trece Congresos Nacionales anteriores y su actual nivel de aceptación por parte de la Administración”, porque resulta verdaderamente triste lo poco que se ha avanzado en ese aspecto, hasta el punto de que volviendo la vista atrás, parece como si nos hubiéramos conformado básicamente con que el “Congreso se divierta”. Al respecto, hemos de traer a colación, nada menos que la siguiente Conclusión alcanzada en el I Congreso Nacional, celebrado en Valencia, en el año 1964: "Las Comunidades de Regantes tienen plena autonomía para otorgarse y regirse por un Ordenamiento propio y privativo, con relación al cual, el Estado solo tiene facultades de homologación".

Dada la trascendencia, tal Conclusión fue ratificada en el II Congreso Nacional, celebrado en Sevilla, tres años después, al calificarse la autonomía de las Comunidades de Regantes como un principio esencialmente básico de la Ley de Aguas, insistiéndose en que el sometimiento de las Ordenanzas y Reglamentos a la Administración Hidráulica competente, era a los solos efectos de su homologación.- Desafortunadamente el término “homologación” no ha sido incorporado a nuestro Ordenamiento Jurídico de aguas vigente, sin que, por otro lado, la Administración haya tratado de asimilarlo, dando al concepto aprobación, al tiempo de ejercer sus facultades de tutela sobre los textos normativos elevados por las Comunidades, un contenido absolutamente respetuoso salvo quiebra del Ordenamiento Jurídico vigente, dictaminada por el Consejo Consultivo competente.

La importancia de que las Comunidades de Regantes dispongan, a la mayor brevedad posible, de unas Ordenanzas/Estatutos y sus Reglamentos actualizados es de una evidencia total; pero la realidad constatable no facilita en modo alguno su logro, al menos, a corto plazo.- El ejemplo antes citado del peregrinaje, del orden de los tres años, y actual pendencia del Consejo de Estado, no va en esa dirección, y nos lleva a prever que van a tener que ser los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo los que vayan a tener que pronunciarse en última instancia, con la consiguiente demora, que, por supuesto, exigiría de las Comunidades no soportar mayores dilaciones en vía administrativa que los seis meses legalmente definidos para la resolución y notificación por parte de la Administración hidráulica competente de las solicitudes de aprobación de Ordenanzas/Estatutos y Reglamentos de las Comunidades de Regantes.

Ante la no deseable perspectiva de una judicialización generalizada de este tipo de asuntos, y la inexistencia, en la actualidad, de un Modelo oficial de Ordenanzas, como el aprobado por R.O. de 25 de junio de 1.884, cabría pensar en la conveniencia de que el próximo Congreso Nacional de Comunidades de Regantes se ocupara de actualizar las Conclusiones alcanzadas en el IV Congreso, celebrado en Murcia, en el año 1975, en relación con el denominado “Estatuto Jurídico de las Comunidades de Regantes”.

Y en el ínterin, consideramos la ya vehemente necesidad de plantear a la Administración Hidráulica, en sus distintas competencias, de Comisiones de trabajo, constituidas por representantes suyos y de FERAGUA, para abordar y resolver la problemática de la aprobación definitiva –y consiguiente eficacia- de las Ordenanzas/Estatutos y Reglamentos de las Comunidades de Regantes, que, en muy elevado número, lo precisan.



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