Margarita Bustamante: “Aquí está la sociedad civil, con un rechazo inequívoco al rumbo que está tomando la política hidráulica en Andalucía”.

Jueves, 21 de Octubre 2010


Margarita Bustamante: “Aquí está la sociedad civil, con un rechazo inequívoco al rumbo que está tomando la política hidráulica en Andalucía”.
A continuación recogemos las palabras más destacadas de Margarita Bustamante, presidenta de Feragua, durante la presentación del Manifiesto:

“Las primeras conversaciones para la firma de este Manifiesto parten de septiembre de este año, con motivo de la preocupación común que el proyecto de reordenación del sector público y los cambios en la administración hidráulica andaluza suscitan entre los principales usuarios de esta administración, los regantes, y los propios empleados públicos. (…) Esas conversaciones han fructificado y nos han llevado a una serie de criterios y principios comunes que compartimos sobre cómo debe ser la gestión del agua en Andalucía, y de los que hemos querido hacer partícipes a colectivos profesionales muy implicados en materia hidráulica. (…)

Luego dicen que no hay sociedad civil en Andalucía. Pues aquí está la sociedad civil, aquí están los colectivos que más entienden y participan de la gestión del agua, con un rechazo inequívoco y muy argumentado al rumbo y a los derroteros que está tomando la política hidráulica en Andalucía. Y quiero decirles más: a todo esto se llega precisamente porque el Gobierno andaluz no ha querido escuchar a nadie salvo a sus propios dirigentes políticos. La concepción y ejecución de todos estos cambios se ha realizado a espaldas de empleados públicos y usuarios, es decir, a escondidas de todos los técnicos y expertos profesionales cualificados que “saben y conocen” de la administración y gestión del agua y que se han ocupado de ella durante años. Y por eso se ha llegado a la situación a la que se ha llegado.

El titulo del Manifiesto tiene 4 conceptos que creo resumen muy bien los aspectos que consideramos fundamentales: unidad de cuenca, eficiencia, especialización y gestión pública del agua. Esos 4 principios o premisas fundamentales han quedado muy perjudicados por los cambios. Por no decir arrasados. Vamos por partes.

De entrada, la liquidación de la Agencia Pública de Agua, su integración dentro de una macroagencia compartida con la antigua Egmasa, y la consiguiente disolución de las competencias sobre el agua dentro de las más genéricas competencias sobre medio ambiente, ha quebrado completamente el principio de especialización, dando al traste con uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua: ese que establecía que las competencias hidráulicas debían ser ejercidas por una administración única especializada. Principio que por otro lado nunca ha estado hasta ahora en discusión por parte de la propia Junta de Andalucía, que creó la Agencia Andaluza del Agua con ese convencimiento. Eso fue hace solo 5 años y el Gobierno andaluz ahora deshace lo que hizo en su momento.

Los cambios vienen asimismo a pisotear aún más el principio de unidad de cuenca que, nosotros, los regantes, pensamos de todos modos que ya estaba muy castigado antes de los cambios. A nosotros no nos gustaba el modelo provincial de la Agencia Andaluza del Agua, con un organigrama que situaba al frente de las direcciones provinciales a cargos políticos y sin la suficiente preparación técnica. Esto lo hemos venido denunciando de forma reiterada y así quiero recordarles que en hasta en dos ocasiones ya hemos realizados Manifiestos Públicos en defensa de la Unidad de Cuenca. (…) Ninguno de estos pronunciamientos ha calado en la administración andaluza, sino más bien parece que han tenido el efecto contrario, pues la nueva organización anunciada por la Junta de Andalucía empeora aún más la situación, incidiendo en el reparto provincial y modificando los límites naturales de las cuencas para hacerlos coincidir artificialmente con las delimitaciones administrativas de la comunidad autónoma y de las provincias. En este modelo insolidario, y pronto lo veremos, la guerra feudal del agua está servida: primero, entre comunidades autónomas; después, entre provincias y por último, entre usuarios.

El tercer concepto era eficiencia. Ambos van a quedar igualmente dinamitados. La atribución de las competencias del agua a una nueva empresa pública construida sobre los rescoldos de la Empresa Mercantil de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA), significa, hablando en plata, la sustitución de unas estructuras basadas en la meritocracia a otras basadas en la dedocracia y un intercambio de roles que no solo ataca la legalidad sino el sentido común. No es ya sólo que se van a entregar funciones a trabajadores no habilitados legalmente para ejercerlas. Es, desde nuestro punto de vista como usuarios, que los trabajadores con conocimiento, experiencia, especialización y profesionalidad acreditada van a estar supeditados en su toma de decisiones por “superiores” que no están técnicamente preparados para ejercer de tales y que tendrán como principal motivación hacer cumplir los criterios políticos de quienes los han nombrado. Por tanto, de lo que estamos hablando es de politización, y no de eficiencia.

El último concepto es gestión pública, y resulta evidente que la reordenación de la administración hidráulica andaluza conlleva presuntamente una mercantilización de la gestión del agua al otorgarse parte de sus competencias a una agencia con vocación empresarial. El Gobierno ha dicho que con estos cambios se producirá un ahorro. Y yo les vaticino que no sólo no será tal, sino que en realidad se incrementarán costes, y que lo que realmente pretende la administración es incrementar los ingresos, con una mayor presión impositiva. Que sepan que vamos a estar muy pendientes para denunciarla, y que los regantes nos opondremos con todas nuestras fuerzas a mayores cargas tributarias, que serían insoportables para la agricultura de riego en este momento.

Todo eso se refiere al fondo y a las formas de los cambios. Pero hasta el momento ha sido especialmente inoportuno, porque toda esta reforma llega en mitad de la crisis, y cuando apenas si ha habido tiempo para asimilar la transferencia de las cuencas, sembrando incertidumbre, desconcierto, desgobierno y parálisis administrativa. Desde nuestro punto de vista como usuarios, es difícil hacerlo peor.

En resumen, pensamos que esta reordenación del sector público irá en perjuicio de la gestión eficiente del agua y por ello pedimos que: a) el Gobierno andaluz dé marcha atrás en los artículos del Decreto-Ley 5/2010 que extinguen la Agencia Andaluza del Agua y atribuyen parte de sus competencias a una macro agencia pública empresarial; b) solicitamos el diseño de un modelo de administración hidráulica especializada y eficiente, respetuosa con los principios de unidad de gestión de cuenca hidrográfica y de participación de los usuarios, de acuerdo con la Constitución Española y la Directiva Marco de Aguas; y c) que las competencias del agua sean ejercidas por empleados públicos con conocimiento y experiencia necesarios, que hayan accedido a su puesto de acuerdo con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad”.



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