Lo peor de 2011

Viernes, 23 de Diciembre 2011


Lo peor de 2011
Reforma de la Ley de Aguas: Desde el primer momento, Feragua denunció la improcedencia de esa reforma, que otorgaba a las comunidades autónomas las funciones de policía de agua, tanto en la forma como en el fondo. La forma utilizada para la modificación del artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de Aguas por el Consejo de Ministros fue abusiva y arbitraria, ya que no se justificaba la “extraordinaria y urgente necesidad” que exige el artículo 86.1 de la Constitución Española para utilizar el Real Decreto-Ley. El fondo era claramente contrario al artículo 149.1.22 de la Constitución Española toda vez que suponía la fragmentación de la tutela y administración del dominio público hidráulico. El reverso de esta mala noticia han sido los recursos presentados por las comunidades de Valencia y Murcia, ambas gobernadas por el PP, contra esta reforma. Esperemos que esta vez no haga falta esperar a ver qué dice el Constitucional y que el nuevo Gobierno derogue la reforma.

La encomienda de gestión sobre el Guadalquivir: Si la transferencia de competencias sobre el Guadalquivir fue, como ha demostrado el tiempo, equivocada e insuficientemente sopesada, la decisión posterior de ambas administraciones, una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional, de prorrogar la situación de confusión e incertidumbre en que vivía la Cuenca con una encomienda de gestión de seis meses, sólo puede ser calificada de temeraria e irresponsable.

La falsa esperanza de la delegación de competencias: La proposición no de ley llevada al Parlamento andaluz por el grupo socialista para que la Comunidad recupere, por la vía de la delegación del famoso art. 150.2, las competencias sobre el río que perdió con la anulación del artículo 51 del Estatuto, no sabemos si situarla aquí, en el capítulo de malas noticias, o directamente o en un capítulo de patochadas. Muy lamentable también la ambigüedad del PP andaluz votando en el Parlamento a favor de la patochada, y el visto bueno del Consejo Consultivo, que ya en su momento dijo que el artículo 51 era constitucional y que ahora vuelve a exponerse al ridículo.

Abandono en el litoral: El empeño con el Guadalquivir contrasta con el abandono de las cuencas litorales: los órganos de gobierno de las cuencas y las comisiones de trasvases no se convocan; los cánones no se actualizan y se giran con retraso, acumulándose el pago de un año a otro; las inversiones no se ejecutan e incluso las obras recogidas en los planes hidrológicos y con autorización ambiental llevan años sin licitarse…

Fin de la Agencia Andaluza del Agua: Difícilmente podríamos haber llegado a pensar que lamentaríamos la extinción de la Agencia Andaluza del Agua. Pues sí, la echamos de menos, porque el gazpacho de competencias que ha seguido a la Agencia Andaluza del Agua ha empeorado aún más las cosas. Las competencias de agua se han mezclado y con las más generales de medio ambiente, incumpliendo así uno de los compromisos del Acuerdo Andaluz por el Agua que decía que la administración del agua debía recaer siempre en un organismo especializado. Lo peor además es que la reforma aprobada ha reducido los mecanismos de autocontrol de la propia administración hidráulica, al concentrar en una misma Dirección las competencias de planificación y dominio público hidráulico. O sea, que es la misma persona la que tramita y resuelve las concesiones, y al tiempo la que emite el preceptivo informe favorable de la Planificación Hidrológica.

La ruina eléctrica: Los datos son bien elocuentes. La desaparición de las tarifas especiales de riego y la entrada en un supuesto mercado liberalizado ha significado para los regantes un incremento de la tarifa eléctrica del 110% desde 2007. Traducido en términos absolutos este crecimiento, los regantes andaluces tuvieron que pagar un sobrecoste de 45 millones en los años 2009-2010 y de aproximadamente 18 millones en 2011. Esperemos que el nuevo Gobierno ponga freno a esta sangría.

Dotaciones deficitarias para el litoral: La voluntad de diálogo y las mejoras introducidas por la administración andaluza en el proceso de planificación hidrológica no bastan y hay que decir que las dotaciones contempladas para las diferentes zonas regables del litoral andaluz son insuficientes. En relación con las cuencas del Tinto-Odiel y Piedras, las dotaciones no llegan a los 6.000 m3 /has solicitados y justificados con numerosos informes agronómicos que han sido ignorados. En el Guadalete-Barbate, es preciso modificar las aportaciones del Celemín, así como la aplicación de la reserva para abastecimiento (inexistente) al Regadío. En el mediterráneo-guadiaro, hay que denunciar el sinsentido de unas asignaciones deficitarias para la cuenca con más superávit hídrico (aportaciones naturales – demandas) de España, que vierte al mar más de 700 Hm3 de agua al año. Las dotaciones para el regadío de la Axarquía y de la costa de Granada, son igualmente insuficientes y están por debajo de los estudios de la propia Consejería de Agricultura, que hablan de una dotación mínima 6.000-7000 m3/ha para los cultivos subtropicales de dichas Comarca.



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