La Comunidad Valenciana recurre la reforma de la Ley de Aguas y muestra el camino a otras autonomías

Martes, 29 de Noviembre 2011


Si la austeridad es lo que va a presidir la nueva legislatura que se abre tras el 20N, el nuevo presidente del Gobierno ya tiene un camino para ahorrar dinero. Ese camino es la inmediata derogación de la reforma de la Ley de Aguas que permitía a las autonomías con las competencias hídricas transferidas ejercer las labores de policía sobre el Dominio Público Hidráulico. Si no lo hace, Rajoy estará gobernando contra la Constitución, porque esa reforma es inconstitucional; contra la pregonada austeridad económica, porque o se deroga o nos gastaremos un dineral en tribunales; y sobre todo contra la racionalidad en la gestión, al fragmentar las cuencas españolas y poner en peligro la unidad de gestión.

La modificación de la Ley de Aguas permite a Andalucía, Aragón y Cataluña, y también a la Comunitat Valenciana si lo demandara, el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios. Sin embargo, el Consell ha creído con muy buen criterio que esta “gestión, en las cuencas compartidas por varias comunidades autónomas, no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran".
La Comunidad Valenciana recurre la reforma de la Ley de Aguas y muestra el camino a otras autonomías



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