HACIA EL ABISMO EN LA GESTIÓN HÍDRICA ANDALUZA



En la primera parte del siglo pasado, y bajo el impulso reformista de Joaquín Costa, España fue pionera en la gestión por fronteras naturales de todas las aguas continentales. Así nacieron las Confederaciones Hidrográficas, cuyo modelo fue exportado con éxito allende de nuestras fronteras a muchos países del mundo. Este principio de unidad de cuenca recibió en Europa su impulso definitivo cuando a principios de este siglo (2001) fue consagrado por la Directiva Marco de Aguas (DMA), que añadía a las aguas continentales, las aguas costeras y las de transición. Esta norma comunitaria fue el germen de las actuales Demarcaciones Hidrográficas, concebidas con el objetivo de preservar la calidad de los ecosistemas acuáticos y satisfacer las demandas de la sociedad, bajo un prisma integral de la gestión de las aguas. Desde este prisma, todas las aguas -subterráneas, superficiales y marinas- de una Demarcación están interrelacionadas, y por tanto, cualquier decisión en una parte de su territorio afecta a las otras partes.

El desarrollo de las Confederaciones en España, con más de 80 años de existencia, ha sido paralelo al desarrollo de nuestro país, pues han sido estos Organismos Autónomos del Estado los que han permitido abastecer de agua a más de 40 millones de españoles, más de 3,5 millones de hectáreas y han permitido la generación energía limpia, barata y renovable a través de las centrales hidroeléctricas que facilitaron la llegada de la electricidad a muchos pueblos de España.

El modelo de las Confederaciones Hidrográficas estaba asentado sobre unos principios básicos y elementales, en los que radica su éxito en la gestión hídrica:

- La unidad de gestión.
- La racionalización de los costes.
- La participación de los usuarios.

Como organismos con larga tradición, nadie pone en cuestión que se hacía necesaria una reforma de algunos aspectos organizativos para mejorar la gestión de las aguas, y adaptarse a los nuevos tiempos. Entre ellos, destacamos:

- Una mayor orientación hacia la gestión, con la introducción de equipos multidisciplinares para dar respuesta a nuevas necesidades.
- Una mayor participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones de la política hidráulica en paralelo al desarrollo del Estado de la Autonomía.

En esta tarea reformista se encontraba el anterior Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona, cuando la reforma de los Estatutos Autonómicos irrumpe con fuerza en el debate político, y esta reforma se ralentiza o paraliza.

En el año 2004, con el cambio de gobierno central y el avance de los desarrollo estatutarios, Andalucía acordó con el Ejecutivo estatal el traspaso de competencias de las cuencas litorales intracomunitarias, asumiendo en 2005 la Cuenca Mediterránea Andaluza (la antigua Confederación Hidrográfica del Sur) y en 2006 la Cuenca Atlántica Andaluza (creada a partir de las cuencas del Guadalete y Barbate, y Tinto, Odiel y Piedras).

Para entonces, se preveía para la Cuenca del Guadalquivir, de naturaleza intercomunitaria y por tanto con un traspaso de difícil encaje constitucional, un modelo de cogestión en el que la Junta de Andalucía, como comunidad autónoma que ocupaba el 91% del territorio y el 97% de los usos del agua, participaría en mayor medida en la gestión de la cuenca. Incluso se habló de un modelo parecido al existente en los “Puertos del Estado”, en el que las Comunidades Autónomas proponen al Estado una terna de aspirantes para la Presidencia del Organismo Autónomo.
Pero esta previsión fue superada por el acuerdo político entre las fuerzas políticas mayoritarias en el reformado Estatuto de Andalucía, refrendado posteriormente por los Parlamentos de Sevilla y Madrid. Este acuerdo contemplaba el traspaso de la parte andaluza de la Cuenca del Guadalquivir, una decisión controvertida que era denunciada ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Extremadura, que veía peligrar sus derechos sobre las aguas si el traspaso del Guadalquivir andaluz se copiaba en las cuencas del Tajo y del Guadiana, pertenecientes a Castilla La Mancha. Este contencioso sigue estando a fecha de hoy pendiente de resolución por el alto Tribunal.

No obstante, hay que subrayar que, para superar las reservas sobre la constitucionalidad del traspaso, el reformado Estatuto de Andalucía dejaba las competencias de la planificación hidrológica en manos del Estado. De esa forma, ambas administraciones pretendían salvar también el principio de unidad de cuenca y por consiguiente el respeto a la propia Directiva Marco de Aguas y a la Ley de Aguas, que exigen la unidad de gestión de las Demarcaciones intercomunitarias.

En la actualidad, Andalucía está en un proceso muy arriesgado de configuración del modelo de administración hidráulica, basado, en gran parte, en el modelo experimental que se diseñó en la anterior legislatura autonómica para las mencionadas cuencas litorales intracomunitarias y que hasta el momento no podemos calificar de otra manera que de “estrepitoso” y “fracasado”. Un modelo basado en la gestión provincial, en la reducción de la participación de los verdaderos usuarios en beneficio de otros colectivos que no tienen capacidad de gestionar el recurso y en la intrusión de la política en el territorio de la gestión.

El nuevo modelo de administración hidráulica andaluza, esbozado en el reciente “Acuerdo Andaluz por el Agua”, se tiene ahora que terminar de diseñar en la anunciada Ley de Aguas de Andalucía. Lamentablemente, todo hace indicar que el modelo ineficiente que se ha utilizado y no ha servido en el litoral andaluz, va a ser trasladado parcialmente a la Cuenca del Guadalquivir, donde sin duda resultará más problemático y dará aún más problemas, al ser un territorio con configuración en cascada, en el que las decisiones que se toman en un punto afectan gravemente al resto.

Otorgar a unas direcciones provinciales encabezadas por delegados provinciales de Medio Ambiente competencias en la gestión de las obras y de los recursos hídricos es una locura en cualquier cuenca. Hacerlo en el Guadalquivir y además repartir esa responsabilidad entre esa estructura provincial y otra regional nos parece una forma de suicidio, una especie de castigo sinsentido que parece concebida para que los usuarios nos volvamos locos.

Hemos advertido a los responsables políticos de la Agencia Andaluza del Agua que con este modelo bicéfalo y de gran contaminación política “la guerra entre territorio andaluces está servida”. Del mismo modo que hasta ahora hemos visto cómo las comunidades autónomas de España se pelean por los recursos hídricos, es muy posible que en Andalucía, con este nuevo modelo de administración, muy pronto asistamos a una guerra del agua entre provincias y quién sabe si después entre comarcas. Todavía la Ley de Aguas de Andalucía puede reconstruir este escenario y así lo vamos a seguir demandando, porque nos resistimos a ir hacia el abismo en la gestión hídrica.

Margarita Bustamante
Presidenta
Feragua


Domingo, 1 de Marzo 2009





Av. Manuel Siurot, 3. Blq. 3, Bº. 41013 Sevilla. Tlf: 954 56 25 20. Fax: 954 22 95 99 Contacto | Aviso legal y política de protección de datos personales