Feragua presenta sus alegaciones al Plan Especial de ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana

Miércoles, 1 de Junio 2011

En estas alegaciones, Feragua insiste en la invasión de competencias del Estado por parte de la administración andaluza y en las dotaciones insuficientes contempladas.



Competencias hidráulicas, como la definición de suelo regable, la fijación de dotaciones o la propuesta de regularizar aprovechamientos ilegales, no puede ser objeto de un instrumento de ordenación del territorio, sino que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, deben ser objetivos de la planificación hidrológica.

Para más inri, este Plan Especial ordena básicamente los recursos y aprovechamientos del Acuífero 27, en gran parte ubicado en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Y en ésta, la competencia en legislación y ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos le corresponde a la Administración General del Estado (art. 149.1.22ª CE), a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (art. 41 TRLA). Ninguna duda cabe sobre este extremo, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional nº 30/2011, de 16 de marzo (BOE nº 86, de 11 de abril), que declaró inconstitucional y nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz, por el que se atribuía a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de las aguas de la cuenca del Guadalquivir.

Asimismo, el Plan fija un dotación deficitaria de 4.000 m3/ha para la fresa, con fin de poder legalizar todas las explotaciones ilegales con los recursos existentes. Y esto supone una vulneración de los derechos concesionales preexistentes y de los privados al amparo de las D.T. 2ª y 3ª del TRLA.

Tampoco respeta el Plan Especial los perímetros regables de las Comunidades de Regantes establecidos por los Organismos de Cuenca correspondientes, ni siquiera las zonas de regadío declaradas de interés general (Valdemaría, Almonte-Marisma, etc.), de manera que considera a varias parcelas que están dentro de perímetros regables y zonas de interés general como parcelas forestales o agrícolas pero no de regadío.

Vulnera asimismo el Plan Especial, el Texto Refundido de la Ley de Aguas en lo que se refiere a las Comunidades de Regantes, obligando que éstas sean de 1.000 has como mínimo, y contraviniendo la normativa básica estatal.



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