FERAGUA DENUNCIA QUE EL PROYECTO DE LEY DE AGUAS HARÁ MÁS INSOSTENIBLES LAS CUENCAS ANDALUZAS

Asimismo, advierte que lastra económicamente las posibilidades de futuro de un regadío fuertemente endeudado por el proceso de modernización.



13 de Abril de 2010.- Las enmiendas introducidas por el grupo parlamentario socialista hacen que el Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía sea completamente inaceptable para el regadío y nefasto para el futuro de la agricultura de riego en nuestra comunidad, tanto económica como medioambientalmente. Ese es el punto de vista de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), que considera que el texto que se aprobará en Pleno del Parlamento en las próximas semanas, salvo rectificación de última hora, hará más insostenible las cuencas andaluzas y lastrará económicamente las posibilidades de un sector fuertemente castigado por la caída de precios, por las restricciones de los últimos años, la subida de las tarifas eléctricas y el endeudamiento adquirido para hacer frente al necesario proceso de modernización.

Feragua considera que, medioambientalmente, en su contenido actual, la Ley supone un verdadero torpedo contra uno de los consensos básicos adquiridos en el Acuerdo Andaluz por el Agua (que en teoría iba a servir de inspiración al texto legal): el de que había que evitar la sobreexplotación de las cuencas, frenando las nuevas concesiones hasta aumentar las garantías de los usos existentes y garantizar los caudales ecológicos que se deriven del proceso de planificación vigente en las cuencas andaluzas. Asimismo, el proyecto de Ley de Aguas es contrario a la Directiva Marco de Aguas, por no respetar el principio unidad de gestión por cuencas.

A través del Banco Público de Aguas, la futura ley andaluza concede a la administración autonómica la posibilidad de otorgar derechos de uso de agua, saltándose el procedimiento concesional vigente, y aprovechando los recursos ahorrados por la modernización del regadío para conceder nuevos usos de forma arbitraria y discrecional, sin previamente haber corregido los desequilibrios hídricos de la cuenca, ni garantizados los caudales ecológicos, lo que sin duda, será germen de innumerables conflictos sociales, medioambientales y económicos, que acabaran irremediablemente en los tribunales de justicia nacionales y europeos.

Esta insostenibilidad ambiental tendrá además otro revés, que será la insostenibilidad económica, pues si el sector no ve mejorada la garantía de poder disponer de agua, sino todo lo contrario, y se ve expuesto a unas cuencas cada vez más sobreexplotadas y a fuertes restricciones con ocasión de cada sequía, entonces dejará de invertir y asumirá cada vez menos riesgos. Por ello, Feragua, considera que esta norma, además de ser un proyectil contra la sostenibilidad y la ecología de las cuencas, lo es también contra la la competitividad y a las posibilidades de crecimiento de un sector que produce el 3,8% del PIB del conjunto de Andalucía y da empleo al 8% de la mano de obra ocupada, y es además el principal responsable de que la balanza comercial de la región sea positiva.

Junto a la vulneración de procedimiento concesional, las otras dos grietas fundamentales por las que se quiebra todo el proyecto de Ley de Aguas andaluza son, por un lado, el régimen impositivo, y, por otro, el régimen sancionador.
Con respecto al régimen tributario, Feragua considera que la regulación del canon de servicios generales es calculadamente ambigua y, al referirse a gastos indirectos de naturaleza imprecisa, pueda alimentar el afán recaudatorio de la administración, sin dar además a los usuarios la posibilidad de defenderse frente a esa discrecionalidad. Y por ello, también perjudicará las inversiones y las posibilidades de desarrollo de un regadío competitivo. Feragua se opone asimismo a la desproporcionada reducción de la que se ven beneficiados, en el pago de este canon, los usos industriales y los aprovechamientos hidroeléctricos, en tanto que sus beneficiarios son compañías que utilizan el agua generando un valor añadido bruto mucho mayor que los usuarios de regadío, y por tanto, de acuerdo al criterio de participación en beneficio y al principio de capacidad económica, deberían de aportar más a los gastos generales del Organismo gestor. Lejos de ser progresista socialmente, esta cláusula carece de toda justificación social alguna, al favorecer a grandes compañías privadas (con altas rentabilidades y beneficios) en perjuicio de los usos de abastecimiento y regadío, en una coyuntura económica difícil, marcada por la recesión económica, y donde los más débiles van a pagar más.

Con respecto al régimen sancionador, Feragua estima que discrimina a los usuarios andaluces, al endurecer las condiciones previstas en la normativa estatal, y sobre todo critica la creación de unas multas coercitivas, al margen del régimen sancionador, que serían de aplicación exclusiva para las comunidades de regantes, en lugar de para cualquier titular de derechos al uso del agua, ya sea persona física o jurídica ( abastecimientos, industriales, hidroeléctricos, recreativos y otros), un agravio que desalentará la organización del regadío y la constitución de nuevas comunidades de regantes, especialmente en el ámbito de aguas subterráneas, contrariamente a los propósitos (teóricos) del legislador.

En conclusión, para Feragua, después del enorme esfuerzo de consenso alcanzado en el Acuerdo Andaluz de Agua, la actual propuesta de Ley de Aguas de Andalucía dilapida todo ese esfuerzo de diálogo, y además abre las puertas a la judicialización de la gestión hídrica en Andalucía, por sustentarse en un modelo basado en la gestión provincial que no respeta la unidad de cuenca y genera tensiones entre territorios, además de ser intervencionista y arbitraria en el control y asignación del recurso, mostrar un evidente afán recaudatorio hacia los regantes, que tendrán que pagar más impuestos, e incluir un régimen sancionador sectario e injusto hacia las Comunidades de Regantes, que no favorece la constitución de Comunidades de Usuarios de Masas de Aguas Subterráneas para la mejora de control de los acuíferos. “Un autentico despropósito que contamina políticamente el agua a niveles nunca vistos, y que pone al regadío andaluz en una situación de falta de competitividad, de inseguridad jurídica para invertir en el futuro y de deterioro social, que junto a la situación general de la agricultura europea, donde los agricultores pierden renta año tras año, supondrá una puntilla para el desarrollo de la moderna y potente agroindustria andaluza”, resume la Presidenta de Feragua, Margarita Bustamente.

Martes, 13 de Abril 2010





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