¿Es de aplicación el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público a las comunidades de regantes?

Miércoles, 15 de Abril 2015


¿Es de aplicación el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público a las comunidades de regantes?
El Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público extiende su ámbito de aplicación a los diversos "sujetos del sector público", por lo que rige tanto para la Administración en sentido estricto (estatal, autonómica y local), como también para las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público, organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales y otras estructuras organizativas del ámbito público.

El grado de aplicación de la norma no es uniforme para todos los sujetos del sector público, sino que hay distintos niveles de intensidad, es decir, diversos grados de aplicación. La citada norma agrupa a esos sujetos en tres categorías distintas: las Administraciones Públicas en sentido estricto; los llamados poderes adjudicadores; otros sujetos del sector público. No obstante, también rige para algunos negocios jurídicos solamente celebrados por "sujetos privados", como ocurre con los llamados contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada contemplados en artículo 17 del citado cuerpo legal.

Llegados a este punto, es preciso señalar que hay estructuras organizativas que tienen naturaleza administrativa conforme a la legislación sectorial que les resulta aplicable, pero que en el particular contexto del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público no merecen la consideración de sujetos del sector público como por ejemplo sucede en el caso de las Comunidades de Regantes.

Efectivamente, ni las Comunidades de Regantes, ni los colegios profesionales, ni las federaciones deportivas, ni las cámaras de comercio, son estructuras organizativas que en su contratación deban someterse a la citada norma. Ello es así porque conforme a las Directivas comunitarias y su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para que una entidad sea considerada poder adjudicador es necesario que concurran los siguientes requisitos:
a) tener personalidad jurídica.
b) haber sido creada para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
c) estar sujeta a dependencia de una Administración u otro poder adjudicador porque alguno de ellos financie mayoritariamente su actividad, controle su gestión o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

Examinada la aplicación de dichos criterios a las Comunidades de Regantes cabe concluir que no existe esa dependencia o relación de instrumentalidad de una Administración u otro poder adjudicador, habida cuenta de que su financiación corre a cargo exclusivamente de sus comuneros y su control o gobierno es asumido por los órganos de representación de los mismos, en los cuáles no hay representantes de la Administración, por lo que a efectos del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público las Comunidades de Regantes ni tienen el carácter de Administración Pública ni el carácter de poder adjudicador. Todo ello, sin perjuicio de que resulte de aplicación a las mismas, el régimen de los llamados contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada.



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