¿En crisis la consideración de las aguas de los pozos como riegos de apoyo cuando los terrenos afectados forman parte de una forma regable?

Viernes, 20 de Febrero 2015


¿En crisis la consideración de las aguas de los pozos como riegos de apoyo cuando los terrenos afectados forman parte de una forma regable?
Desde hace más de catorce años aproximadamente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con muy buen criterio, ha venido reconociendo a los pozos el carácter de “riegos de apoyo” o complementarios del colectivo de una Comunidad de Regantes, al tiempo de la inscripción de sus aguas, bien en el Registro de las Públicas, bien en el Catálogo de aguas privadas. A título de ejemplo, se pueden referir diversas Resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 7 de septiembre de 2001, que incluyeron pozos en el Catálogo de Aguas Privadas, en cuyas inscripciones se hizo constar literalmente: “La finca dispone de derecho de riego del Canal…Este aprovechamiento tiene el carácter de riego de apoyo complementario del derecho de riego del Canal… El volumen máximo anual a utilizar entre la toma del canal y el pozo no será superior a... m³/Ha. y año, dotación para el riego con aguas superficiales que se contempla en el Plan Hidrológico de Cuenca para esta Zona Regable. Esta inscripción no merma ningún derecho de riego con aguas superficiales que posea la finca por encontrarse integrada en la Zona Regable del...”.

Recientemente se han podido conocer criterios sostenidos por la Administración Hidráulica estatal, con motivo de la tramitación de expedientes de inscripción de los aprovechamientos colectivos de las Comunidades de Regantes que pretenden suprimir su feliz, pacífica y expresamente autorizada coexistencia, en el Guadalquivir, con los pozos de apoyo o complementarios. Tal posicionamiento resulta manifiestamente regresivo, marginante de unos antecedentes no controvertidos y contrario al Ordenamiento Jurídico. Muy regresivo por cuanto se trata de una cuestión que, en el Guadalquivir, quedó solucionada, entre las partes afectadas, de forma feliz, razonable y legal, hace nada menos que quince años. Volver al cabo del tiempo a reverdecer innumerables conflictos con la pretensión de la Administración Central de enterrar unas costosas inversiones, se ofrece, al menos, como algo poco meditado y digno de exigir, al menos,
responsabilidades administrativas. A su vez, la solución adoptada margina, de forma evidente, los numerosísimos antecedentes existentes en el Guadalquivir, de feliz, pacífica y expresamente autorizada coexistencia, en el Guadalquivir, de los pozos de apoyo o complementarios con los aprovechamientos colectivos de la Zona Regable de que se trate. Y tal desviación de unos antecedentes de nada menos que quince años, se pretende llevar a cabo, sin siquiera conocerlos, contrastarlos y, al menos, plantear si la Administración del Estado, que tiene personalidad jurídica única, puede desconocer –e incluso vulnerar- sus propios actos preexistentes favorables para los administrados, sin incidir en responsabilidad alguna. Y, por último, la posición que sostiene la incompatibilidad de los pozos de apoyo o complementarios con los aprovechamientos colectivos de las Zonas Regables, donde aquellos se ubican, resulta manifiestamente contraria al Ordenamiento Jurídico, al no existir precepto alguno prohibitivo y si, por el contrario, otros que, como el principio de proporcionalidad, obliga a la Administración Pública a procurar, en todo caso, la solución menos restrictiva de los derechos de los administrados, como es justamente el régimen de apoyo o complementario reconocido, desde hace ya quince años, en el Guadalquivir, a los pozos de referencia.



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