¿ANDALUCÍA SOSTENIBLE?



Hay conceptos que, nadie sabe muy bien por qué, acaban convirtiéndose en verdades políticas indiscutidas e indiscutibles, sobre las que nadie osa decir una palabra en contra, so riesgo, casi, casi, de perder el derecho de ciudadanía. Uno de esos conceptos es la sostenibilidad, que, por ser protagonista, ya es protagonista hasta de una ley estatal que lleva su apellido y que, según se nos vende, va a servirnos para sacar a España de la crisis. El problema que tienen estos conceptos, tan sobeteados políticamente, tan encumbrados por el discurso institucional, es que acaban por vaciarse de contenido, y al final ya nadie sabe lo que significan, empezando por los propios dirigentes, que acaban pisoteando con sus decisiones aquello que tan fatuamente pregonan.

Con la sostenibilidad pasa un poco eso. Por un lado, los grandes chefs de la política autonómica nos tratan de vender en el escaparate mediático nacional la imagen de una Andalucía que sirve de avanzadilla y de banco de pruebas para toda España en materia de desarrollo sostenible. Por otro lado, fuera de ese escaparate mediático, en los fogones domésticos donde se cuecen a diario los platos que vamos a degustar todos los andaluces, los cocineros al servicio de los grandes chefs actúan bajo una única consigna, completamente indiferente a ideales y sostenibilidades varias. Esa consigna es aumentar el poder y el margen de maniobra de la administración, en perjuicio de la capacidad de control de los administrados.

Lo estamos viendo con la Ley de Aguas de Andalucía. Cuando ya atisbábamos una norma que, con todas sus limitaciones y después de mucho batallar, podría resultar medio pasable, las enmiendas propuestas por el propio grupo socialista nos vuelven a situar ante la perspectiva de un marco legal inaceptable, por abusivo, intervencionista… y manifiestamente insostenible. Ese Gobierno andaluz que nos vende la imagen de una Andalucía sostenible que quiere ser el orgullo ecológico de toda España, es el mismo que, si nadie lo remedia, va a acabar sometiendo al Parlamento la aprobación de una ley que puede hacer mucho más insostenibles las cuencas andaluzas, y que es pura dinamita en mano de incendiarios, porque deja en mano de los políticos la posibilidad de abrir a nuevos usuarios los recursos del Banco Público de Aguas, sin priorizar la garantía de los usos existentes, ni siquiera el buen estado ecológico de las masas de agua (tal y como demanda la Directiva Marco de Aguas).

Visto lo visto, ahora nos preguntamos: ¿para qué el Acuerdo Andaluz por el Agua, que asumía como principio fundamental la necesidad de frenar la sangría de nuevos usos tolerada en años anteriores?; Lamentablemente, la respuesta nos la da la futura Ley andaluza de Aguas, y es la siguiente: para nada; para que ahora el Gobierno acepte una enmienda del propio grupo socialista y otorgue a la administración, a través del Banco Público de Aguas, la capacidad de gestionar los recursos sobrantes como le plazca. Nada hay ya en la futura Ley regional que nos lleve a pensar que el ahorro logrado con el ingente esfuerzo de modernización del regadío vaya a ser empleado prioritariamente para respetar los caudales ecológicos o para corregir los desequilibrios hídricos de nuestras Cuencas. A la hora de la verdad, la administración demuestra que el discurso de la sostenibilidad la entra por un oído y le sale por el otro. Lo que quiere es manga ancha. Y hacer con estos recursos lo que se le antoje. Lo que más le convenga políticamente. Aunque eso signifique dar entrada a nuevos concesionarios y hacer más insostenible la gestión hídrica en nuestra Comunidad.

Ese mismo espíritu intervencionista y de acaparamiento de poder es el que inspira otra de las enmiendas introducidas a última hora en la Ley por el grupo socialista. No conformes con una regulación del canon de servicios generales que nadaba en la ambigüedad, y que nos deja a los usuarios a merced de las necesidades recaudatorias de la administración, el grupo parlamentario socialista introduce ahora en el texto legal unas multas coercitivas para que las comunidades de usuarios cumplan con sus resoluciones. Como si fuera necesario, como si no existieran unas multas coercitivas en las normas de procedimiento administrativo-común a las que todos estamos sometidos. ¿Por qué la Junta de Andalucía se inventa unas multas de aplicación exclusiva para las comunidades de usuarios, y fuera del marco legal estatal: fuera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de la propia Ley de Agua del Estado? Parece muy difícil convencerse de que son “nobles” propósitos los que inspiran al legislador, y más bien, parece una nueva maniobra para dotar a la administración de un nuevo instrumento de presión y dominio con el que someter voluntades. Como si fuera poco el poder acumulado, ahora la administración andaluza también va a tener la potestad de imponernos unas multas creadas específicamente para nosotros. Lo más irónico – y lo más trágico de todo esto- es que la ley, con buen criterio, y a fin de poner un poco de orden, trata de fomentar la constitución de Comunidades de Usuarios de Masas de Aguas Subterráneas. ¿Qué comunidades se van a constituir con esta amenaza latente?

Para Feragua resulta enormemente decepcionante haber llegado a este punto y en estas condiciones. Después de un Acuerdo Andaluz por el Agua más que esperanzador, nos topamos con un anteproyecto de ley que estaba en las antípodas de ese Acuerdo y que presentaba verdaderos problemas desde el punto de vista jurídico. Luego, con gran esfuerzo y a pesar de las trabas puestas a la participación en un proceso tramitado por el modo de urgencia, logramos mejorar notablemente el texto, haciéndolo mucho más aceptable, salvo por la falta de transparencia tributaria y la escasa participación concedida a los usuarios. Las enmiendas introducidas por el partido que sustenta al Gobierno nos vuelven a sumir a los regantes en la desilusión y el desengaño. El desengaño por una Andalucía que se presenta como vanguardia de la economía sostenible mientras se gobierna y se legisla para hacerla más insostenible. La desilusión por una Andalucía donde la administración acumula cada vez más poder mientras los administrados estamos cada vez más indefensos.

Margarita Bustamante
Presidenta de Feragua

Martes, 23 de Marzo 2010





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